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En la década del noventa se sucedieron en Chile una serie de cambios que fueron desplazando la visión de la seguridad centrada en el sistema de justicia criminal hacia una más integral, bajo el concepto de seguridad ciudadana y luego de seguridad pública. Esto ha sido acompañado de una creciente preocupación ciudadana por el delito y la inseguridad, así como por la instalación de la problemática en los medios de comunicación. En este contexto, se han desarrollado diversas iniciativas para abordar el tema. Primero se creó el Consejo de Seguridad Pública, el que dio origen ―posteriormente― a la Dirección de Seguridad Pública e Información (DISPI) y al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), ambos dependientes del Ministerio del Interior. Luego, en el segundo gobierno de la Concertación de Partidos para la Democracia (1994-2000), el aumento de la delincuencia comenzó a adquirir relevancia, tanto en la opinión pública como en los discursos políticos y la necesidad de una política nacional de seguridad se hizo inminente. “En 1994 se presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado por expertos miembros del consejo coordinador de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que establecía una serie de medidas dirigidas a mejorar la gestión policial, coordinación interinstitucional, lo que incluía la necesidad de nuevos lazos de organización entre la policía y el gobierno”. La institucionalidad de la seguridad ha sido una temática constante de discusión. Al respecto, el 5 de mayo 2009, el Senado aprobó el proyecto que crea el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, una nueva subsecretaría de Prevención y Rehabilitación y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en reemplazo del CONACE. El alcance de esta iniciativa es que la concentración de las decisiones políticas en materia de seguridad interior y protección de las personas, la detentará una sola entidad, lo que permitirá una adecuada coordinación y mayor eficacia en sus acciones y políticas. Además, señalan que proporcionará un sistema permanente de evaluación hasta entonces inexistente. Por su parte, las policías dependerán de esta nueva institucionalidad, dejando atrás su doble dependencia . Sin embargo, este es un proyecto que atañe netamente al nivel central ―Poder Ejecutivo― y a las policías; quedando todavía intacto el rol de los gobiernos locales (ello a pesar del reconocimiento que se les ha otorgado como los principales ejecutores de políticas de seguridad, dada su cercanía con la comunidad). En los inicios de las políticas de seguridad ciudadana en Chile, el problema de canalizar la demanda de seguridad hacia los gobiernos locales era la falta de capacidad técnica y de recursos económicos. Las primeras iniciativas fueron estrategias vinculadas a la vigilancia privada, tales como los vehículos de vigilancia o las casetas con guardias en espacios públicos. Sin embargo, se articula la idea de estrategias de seguridad más integrales donde la participación ciudadana, el desarrollo comunitario y la generación de redes sociales fueran el centro de las intervenciones. Como antecedente de ello están el Programa de Seguridad Vecinal (1993) y los Comités de Protección Ciudadana (1995). Así, la seguridad deja de ser un tema netamente policial para ser también un tema de la ciudadanía, con una clara distinción entre la prevención social y policial. Estas referencias sientan las bases del Programa Comuna Segura (2000-2007), iniciativa del Poder Ejecutivo que apuntaba a la ejecución en el nivel local, es decir, los municipios. Posteriormente se desarrolló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la que pretende articular las diferentes iniciativas de seguridad y que ―al mismo tiempo― obliga a cambiar la orientación de este programa. Así se llega al actual Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP), iniciativa por medio de la cual los gobiernos locales pueden ejecutar diversos proyectos de prevención de la violencia. El presente artículo aborda las dificultades y aciertos de este programa de seguridad, conclusiones a las que se llegó a través del trabajo en terreno (entrevistas) realizado con los principales actores del mencionado programa. Los elementos que conforman el Plan Comunal de Seguridad Pública permitirán ver las atribuciones de las autoridades locales en materias de seguridad, la relación con las policías, la participación ciudadana y la vinculación entre una política nacional y la local.
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