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16.12.2009 Esta actividad, realizada en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el cual la Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert fue una de las panelistas, se organizó como parte de las actividades de difusión del Programa de Colocación Laboral y del Patronato Local de Reos de Santiago, en la que participaron las instituciones de gobierno vinculadas a esta iniciativa intersectorial (ministerios de Interior, del Trabajo y Gendarmería de Chile), empresarios vinculados a la reintegración de reclusos e instituciones académicas ligadas a la temática. En la jornada se entregaron reconocimientos a las empresas que han participado de este programa en la Región Metropolitana y se desarrolló una mesa de conversación en torno a la reintegración social de personas condenadas por el sistema penal y la responsabilidad que le cabe al empresariado, al Estado y a la sociedad en su conjunto para otorgar oportunidades laborales. Los panelistas aportaron estas diferentes miradas del rol del Estado y el sector privado, el impacto en seguridad ciudadana y la responsabilidad Social empresarial. Durante el panel se destacaron los esfuerzos del programa de colocación laboral, que —aunque exitosos en su labor— son bastante limitados aún en su cobertura e impacto, llegando a 300 usuarios en 2009 (frente a una población cumpliendo penas privativas de libertad que, en junio de 2009, llegaba e 53.023 internos), mientras que el medio libre aglutinaba, a la misma fecha, 52.920 personas. Si bien los casos exitosos son muchos, la difusión de los mismos es aún escasa, primando en los medios de comunicación y en el debate público el discurso punitivo. En la conversación también se hicieron notar los diversos obstáculos con que se encuentran los empresarios que quieren contratar personas que están cumpliendo penas de cárcel o de reclusos extranjeros sin documento de identidad chileno. También se mencionó la falta de difusión entre el mundo empresarial del subsidio el empleo de esta población y en general los pocos incentivos que tienen para hacerlo. Aún existen muchas trabas legales y logísticas que ciertamente impiden la difusión de las buenas prácticas existentes, basadas sobre todo en la buena voluntad de los actores existentes. No solo es necesario difundir la RSE de las empresas en el ámbito de la reinserción social, sino también en el Estado, que sin duda debe ampliar los programas de este tipo con mayor financiamiento, recursos humanos e infraestructura que hagan de la reinserción de personas privadas de libertad una real política de Estado y no un conjunto esfuerzos aislados de alcance limitado. ARCHIVOS RELACIONADOS
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